Malpartida y Sierra de Fuentes llevan a los tribunales la subida del recibo del agua

Los dos municipios preparan recursos contenciosos por creer injusto que deban hacer frente a los mismos costes que la capital

Vista del depósito municipal de la Sierrilla, desde donde Malpartida de Cáceres recoge el agua con sus propias conducciones para distribuirla entre sus vecinos. :: LORENZO CORDERO
AYER SE APROBO EN EL PLENO UNA SUBIDA DE MAS DEL 40%

Las nuevas tarifas del agua también acabarán en los tribunales. Los ayuntamientos de Sierra de Fuentes y de Malpartida de Cáceres, que se abastecen del servicio de la capital, están preparando sendos recursos contenciosos administrativos contra la nueva ordenanza fiscal reguladora de las tarifas del abastecimiento, ratificadas por el Pleno de la Corporación cacereña el pasado 30 de diciembre. Los alcaldes de Sierra de Fuentes, Antonio Luis Díez, y de Malpartida, Alfredo Aguilera, confirmaron ayer a este periódico que los recursos están en marcha y que se presentarán en los próximos días.

Estos dos municipios reciben el agua de la capital «en alta», es decir desde un depósito (el de la Sierrilla para Malpartida, y el de la Montaña para Sierra de Fuentes) a partir del cual la distribuyen entre sus vecinos. Malpartida suele consumir unos 400.000 metros cúbicos anuales y Sierra de Fuentes alrededor de 150.000. Hasta ahora Cáceres les ha cobrado el metro cúbico a un precio de 0,45 euros y con la nueva ordenanza deberán pagar 0,65 euros. Es, pues, un incremento del 44 por ciento, lo que los alcaldes de ambos municipios consideran injusto y hasta ilógico con el argumento de que el Ayuntamiento de la capital no puede repercutir en el recibo de los usuarios de otras localidades el efecto del canon de 30 millones de euros que ha pagado la nueva empresa, así como los incrementos de otros posibles costes por mejoras que no se traducen en la red de Sierra de Fuentes y de Malpartida.

Presentaron alegaciones a las tarifas, pero la Corporación cacereña las rechazó con el argumento de que están justificados los costes que se aplican a los dos municipios desde la captación del agua en el Almonte o el Guadiloba hasta la entrega en los depósitos, previo paso por los bombeos y la depuración.

Sin embargo, Alfredo Aguilera considera que no hay tal valoración de los costes en alta para su municipio en concreto y ni siquiera la valoración económica de los bienes de dominio público que deben justificar la exigencia del canon de los 30 millones de euros a la empresa concesionaria.

Por este último motivo, en el recurso que prepara Malpartida de Cáceres se pedirá la nulidad de la ordenanza fiscal. De esta manera, en caso de que los jueces acepten estos argumentos se podría anular la nueva tarifa del agua no sólo para el agua que se sirve a Malpartida sino también para el conjunto de Cáceres.

Aguilera, que es alcalde del PP, cree que a pesar de que su mismo partido gobierna en la capital cacereña, él debe defender los intereses de sus vecinos: «lo primero es defender los intereses de los ciudadanos», afirma e insiste en que Malpartida no puede sufrir las consecuencias de un canon de 30 millones con que la capital pagó deudas a sus acreedores: «es injusto que un ayuntamiento pague las deudas de otro». Asimismo ve «ilógico» que un ayuntamiento, el de Cáceres, «le ponga unas tasas a otros». En su opinión, la relación de los dos municipios con la capital en lo que se refiere al suministro de agua debe recogerse en un convenio «de igual a igual y no que uno aplique una ordenanza para otros».

Cree injusto que el incremento del recibo se base en incrementos de costes de servicios que no afectan a sus vecinos, como el de saneamiento, o inversiones de mejora de la red en la capital. «Sólo pueden aplicar los costes desde la captación hasta el depósito de la Sierrilla». Así vería razonable un incremento del 20 o 25 por ciento, «pero no estamos dispuesto a aceptar el 44 por ciento de subida».